Un Artículo de Jorge Rachid
Las crónicas diarias de los medios de difusión nos entregan dramáticas escenas de tiroteos, asaltos, accidentes de tránsito y últimamente, epidemia de dengue, en una sucesión sin fin de calamidades que nos llevan a un estado colectivo de angustia y crispación, buscando culpables por doquier, de manera de aliviar culpas y dolores propios. En general el Gobierno, por acción u omisión, es el principal destinatario de acusaciones, especialmente durante esta etapa electoral.
Invitados a leer los principales medios del mundo, uno encuentra que casi todos remiten los hechos violentos a las secciones policiales, los accidentes de tránsito a las páginas de sociedad y los episodios médicos a la sección correspondiente. Pero en nuestro país el repiqueteo constante instala una sensación de pánico colectivo, aunque los índices delictuales sean iguales o inferiores a otros países. Sin embargo muchos otros hechos son silenciados, ocultados y sesgados de la información cotidiana, en especial los referidos a sectores que no interesan en la pugna política ni forman parte del tironeo de intereses siempre presentes en el formato de la información.
Si contásemos diariamente los muertos por accidentes de trabajo, que suman casi tres por día, sumados a la cantidad de accidentes no fatales pero invalidantes que se producen a cada instante en los mismos lugares de trabajo, estaríamos frente a un Cromañón cada sesenta días. Sin embargo esta estadística no publicada, no tiene ni siquiera seguimiento desde la página oficial de quien supuestamente es la autoridad de aplicación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esto así, por cuanto desde el año 2006 no se publican los informes que son parte de la responsabilidad de la institución, además de velar por la salud de los trabajadores, de ese ente de ley producto de la Ley 24557.
Es la misma ley que fue declarada inconstitucional por más de 200 fallos en el país y la Corte Suprema de Justicia de la Nación le declaró inconstitucional los artículos 39 y 46, que cercenaban a los trabajadores la posibilidad de acudir a la Justicia y establecía el pago en “cómodas” cuotas a las aseguradoras llamadas ART. Esa Ley en la práctica inviable, rige aún hoy para los trabajadores, mientras observamos impotentes como siguen sufriendo consecuencias severas en su salud ante la falta de inversión y responsabilidad de las A.R.T. , de los empleadores en Salud y Seguridad en el trabajo y ante el dolo en el tratamiento de la ecuación capital–trabajo, con absoluto desprecio del ser humano en la cadena de producción.
Uno se pregunta como médico y analista de la Seguridad Social, si en otros países del mundo al cual hacemos referencias y “queremos” parecernos, en la realidad macroeconómica y financiera, se manejan con tanta impunidad y complacencia con los homicidios dolosos producidos a diario en el trabajo y si estos se producen con la asiduidad como lo hacen en nuestro país. No existen los accidentes ni las enfermedades del trabajo incausadas. Ellos son producto de la falta de inversión empresarial en prevención y educación de los trabajadores. El contrato de trabajo en la Argentina conlleva el viejo slogan en negativo, (“el trabajo no es salud”), ya que las condiciones laborales en cualquier actividad está dotada de peligros con riesgos inminentes para la salud de los trabajadores, tanto por condiciones laborales como ambientales mucho mas tóxicas que las permitidas por ley.
En España, por ejemplo, cualquier accidente fatal de trabajo es seguido por prisión preventiva para los responsables de la empresa, al igual que cualquier homicidio doloso en nuestro país. Después se analizarán atenuantes si los hay, pero en todos los casos dentro de una causa judicial en sede penal. Los muertos del trabajo no tienen amparo, los inválidos sólo la ayuda de la Seguridad Social, los familiares la pensión y la cuota parte del muerto en cuotas con monto fijo, diferente y menor a otros argentinos muertos en otras circunstancias. Tan es así que en los accidentes ocurridos en medios públicos de transporte, la vida del chofer, piloto, azafata o personal de la empresa, vale menos que la de los pasajeros que lleva, por el sólo hecho de estar trabajando.
Las ART según la Ley, son responsables junto a las empresas del cumplimiento de ley, y sin embargo en el caso de los exámenes en salud, desde el exámen médico preocupacional hasta los periódicos de seguimiento son incumplidos en el gran porcentual de los casos, y en otros el cumplimiento es simplemente para cumplir una formalidad. Conocemos profesionalmente casos en que el mismo contenido del exámen médico se practica para el empleado administrativo que para el trabajador hombreador de bolsas de 50 kilos; el mismo para un chofer que para un trabajador de lavaderos, sin permitirnos hablar de los peones rurales ni del trabajo infantil prohibido en toda la legislación nacional e internacional, pero presente en el trabajo diario de recolección y selección del tabaco en el norte argentino y del algodón en el Chaco y su zona. Todos los actores sociales miran para otro lado; el Fondo Nacional del Tabaco continúa liquidando con recursos de todos los argentinos mientras las tabacaleras explotan criaturas menores de 10 años y otros chicos trabajan de sol a sol en la recolección algodonera y se solicitan reintegros sobre exportaciones de aceites realizados a expensas de trabajadores infantiles. Por supuesto todo en situación de no registrados, y, fuera de cualquier amparo legal o sindical para los niños y sus familias.
Volviendo al tema de los accidentes de trabajo, notamos que se ha instalado en la autoridad de aplicación el concepto que las hernias en general no provienen del trabajo realizado, sino que resultan defectos de los individuos y como tales se las califica como “enfermedades inculpables”. No son derivadas del trabajo que realizan, sino taras de formación en un todo de acuerdo con las aseguradoras, cuya principal finalidad es el lucro logrado al no pagar enfermedades del trabajo como tales. Se ha colocado a la Seguridad Social en el rol de atender todos los problemas de salud derivados del trabajo a través de las Obras Sociales, incluso por demandas judiciales que nunca afectan a las ART que rechazan alegremente las denuncias esperando el dictamen de las Comisiones Médicas, mientras el trabajador es atendido en su urgencia por su cuenta y riesgo. También forma parte de esta derivación de esfuerzos médicos el Hospital Público, siempre primera estación ante el infortunio, mientras las aseguradoras siguen cobrando su porcentaje de la masa salarial como antes las AFJP, cuyos principales accionistas siguen siendo los mismos, con su grado de desprecio por la calidad de vida de los trabajadores, cuyo único capital es la salud, que arriesgan diariamente por su sustento, cuando deberían estar cuidados y protegidos por las máximas medidas de Salud y Seguridad en el trabajo.
Son casi ochocientos mil los accidentes de trabajo ocurridos por año, tomando en cuenta sólo el ocurrido a personal registrado, y si esa cifra le sumamos un 39% de trabajadores “No registrados”, mas el trabajo infantil ya denunciado, es dable sospechar una cifra mayor. De los ocurridos y denunciados, casi un 7% tienen lesiones gravísimas que llevan a la invalidez, o sea decenas de miles de trabajadores en edad económicamente activa que ingresan a la Seguridad Social como inválidos por accidentes de trabajo anualmente. Ni un solo responsable es juzgado por ello, ni una sola aseguradora fue juzgada por enviar a trabajos no aptos a individuos que padecían determinada conformación o patología no detectada en esos análisis burocráticos para cumplir con la ley. Así vemos jóvenes de 30 años con discopatías múltiples por levantar mas de 50 kilos en carga y descarga durante 12 horas, medias reses durante jornadas enteras, rollos textiles de 80 kilos, presentando todos ellos columnas envejecidas, con envejecimiento precoz, que son rechazadas por las ART con la complicidad de la SRT, cuando todos sabemos que en el mundo, por legislación internacional, está prohibido levantar a mano por los seres humanos, mas de 23,500 kilos.
Cuidar a nuestros trabajadores, es cuidar el trabajo argentino, es cuidar el crecimiento y recuperar la solidaridad como eje de construcción de un modelo social diferente al neoliberal que instaló la flexibilización laboral, las jubilaciones privadas extorsivas y falaces, y las ART como forma de privatizar el control de la higiene y seguridad del trabajo. Así, con masas desocupadas pugnando por entrar al mercado laboral, las condiciones de quienes conservaban el trabajo se deterioraban, las demandas salariales disminuían y quienes reclamaban quedaban fuera del mercado y de la vida. Esto no debe volver y debemos transitar un duro camino aún para desmontar lo estructural del neoliberalismo en el marco del trabajo, principal sector afectado junto a la deuda interna por la irrupción de una cultura contraria al modelo social solidario de la cultura del trabajo.
Si los trabajadores, los niños explotados, los jóvenes pobres sin proyecto de vida, siguen figurando fuera de agenda excepto para programas televisivos morbosos en mostrar la marginalidad, cuando sólo sirven para sesudos congresos de analistas sociales en donde las estadísticas reemplazan la corporización humana del drama cotidiano, la lucha cotidiana por la supervivencia se da en las peores condiciones, con muertos invisibles, con niños sin futuro, con inválidos ocultos , con toxicopatías diseminadas en adolescentes sin destino, todos ellos aún en vida sin respuestas de compromiso social solidario, no saldremos nunca de una sociedad enferma. No se movilizan las capas medias por esos hechos dramáticos, no forman parte de la crónica diaria, no se cortan rutas ni se llenan espacios vacíos de noticieros con los cadáveres de obreros ni de niños que no deberían morir, que forman parte de las estadísticas de enfermedades pero que se desarrollan sobre cuerpos deteriorados e inmunodeprimidos por condiciones de vida.
El Estado Nacional ha mejorado en estos últimos años su presencia en las necesidades sociales básicas, pero hace falta avanzar en políticas sociales y sanitarias desde un marco estratégico de resolución del drama estructural ocasionado por treinta y tres años de ejercicio activo de políticas neoliberales. Es necesario plantearse un modelo de construcción social que además de ampliar como lo ha realizado el mercado del trabajo en 3,5 millones de trabajadores incorporados al mundo laboral desde el 2003, las condiciones de trabajo garanticen su salud y su continuidad, que contenga socialmente a los niños y adolescentes, a sus madres y su familia, con pautas de inversión social que determinen indicadores de vida en alza, con presencia diaria del Estado y contención permanente al desamparo social ocasionado por años de abandono, desidia e incomprensión.
Derrotar la concepción paternalista del Estado, la forma perversa de la beneficencia, la privatización de la responsabilidad en las ONG, son cuestiones duras a resolver con política, con visión a largo plazo, con políticas de Estado y con compromiso social pleno, humanizando la práctica y el discurso porque cada argentino, viva donde viva, sea del origen que sea, piense como piense, merece las mismas condiciones de vida y de desarrollo que quienes tienen presencia mediática y protagonizan presión social sectorial permanente por sus propios intereses. Los trabajadores, los niños explotados, los adolescentes sin educación ni trabajo, los desamparados, siguen siendo el subsuelo de la Patria al decir de Scalabrini Ortiz, en los medios de comunicación y en el inconciente colectivo del país.
En la ocasión las participantes emitieron un comunicado que se transcribe a continuación:
