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viernes, 25 de septiembre de 2009

Elecciones en el Sindicato de Trabajadores Gráficos Mar del Plata y Zona Atlántica


El pasado 21 de setiembre de 2009, se realizó el Acto Eleccionario para
la Renovación de Autoridades en el Sindicato de Trabajadores Gráficos.


Los trabajadores gráficos se acercaron a lo largo de la jornada en forma masiva, ya que participaron del acto eleccionario alrededor de 75% de los afiliados en condiciones de emitir su voto, brindando un total apoyo a la lista AZUL y BLANCA encabezada por el compañero Pablo Ulises Merlo, quien fue reelecto para continuar encabezando por cuatro años mas el gremio gráfico Marplantense.

Los compañeros integrantes de la Junta Electoral MIGUEL MOLLI, HIPOLITO FRANZOT, Y MODESTO KAIN.

El acto eleccionario fue fiscalizado por la funcionaria de Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social Sra. Zulema de Chaves.


Comisión Directiva 2009 - 2013


Secretario General Pablo Ulises Merlo
Secretario General Adj. Aníbal Alexandrescu
Secretario Tesorero Hugo Ricardo Martino
Secretario Protesorero Ernesto Rodolfo Grundler
Secretario de Actas Omar Alberto Rañó
Vocal Titular 1º Walter Horacio Páez
Vocal Titular2º Walter Rodolfo Varanini

Vocal Suplente 1º Gladis Rosa García
Vocal Suplente 2º Jorge Nery Ferreira

Comisión Revisora de Cuentas

Revisor 1º Argentino Valenzuela
Revisor 2º Jesus Echeverz
Revisor 3º Celestino Sosa

Delegados Congresales

1º Pablo Ulises Merlo.
2º Aníbal Alexandrescu.
3º Hugo Ricardo Martino.

martes, 22 de septiembre de 2009

Aclaración de la OSPIDA

Con la firma del compañero Lucio Castillo, presidente de la ospida se emitiò un comunicado aclaratorio ante algunas informaciones de los medios referida a las investigaciones que viene realizando el juez Norberto Oyarbide, en cuanto a la adulteración de medicamentos. En dicha información, se incluye una nómina de obras sociales entre las cuales se incluye "la del personal gráfico", dando lugar a una confusión que en algunos casos, ha llevado a suponer que se refieren a la OSPIDA.
El comunicado de nuestra obra social de los trabajadores gráficos del interior del país, expresa lo siguiente:
1) La entidad mencionada en dicha información, es la "Obra Social del Personal Gráfico", denominación que coincidiría con la perteneciente a otra entidad sindical de la misma actividad, que no es la FATIDA.
Obviamente, no se trata de la Obra Social del Personal de Imprentas, Diarios y Afines.

2) En los registros contables informàticos de la OSPIDA, no figura transacción comercial alguna con las droguerias San Javier y Multhipharma, involucradas en la investigación judicial en marcha.

3) En cuanto a lo que algunos medios, tendenciosamente, presentan como "auditoria a todas las obras sociales", en realidad se trata de la Resolución 934/09 de la Superintendencia de Servicios de Salud, mediante la cual se solicitan informes estadisticos sobre el uso de medicamentos destinados a pacientes oncológicos, HIV y hemófilicos, los que deben ser presentados dentro del mes en curso. Al respecto, cabe mencionar que la OSPIDA ya se encuentra recopilando su información para elaborar dicho informe.

4) La OSPIDA se encuentra funcionando normalmente dentro de la normativa vigente, sin otras preocupaciones que no sean la atención cotidiana a los beneficiarios de la misma.

Finalmente, le solicitamos difundir esta información entre los/as compañeros/as beneficiarios de la OSPIDA, a los efectos de esclarecerlos sobre la confusión que pudiera haber surgido entre los mismos, y llevarles la necesaria tranquilidad en cuanto al funcionamiento de esta Obra Social.

domingo, 20 de septiembre de 2009

Encuentro Nacional del Sindicalismo Peronista en Mar del Plata


El encuentro se llevó a cabo el pasado viernes en el hotel de Luz y Fuerza de la Ciudad balnearia.
Durante la jornada, que se extendió entre las 9.00 y las 18.00, se pusieron en marcha diez comisiones en las que los trabajadores debatieron "sobre diferentes aspectos de la realidad argentina, latinoamericana y mundial".
La FATIDA estuvo presente con el compañero Secretario General Enrique Marano y los compañeros Faustino Rosales, Benjamìn Fontao, Pablo Merlo y Rubén Sarasúa.


En la ocasión se emitió un documento cuyos fragmentos reproducimos a continuación.


Nosotros, las organizaciones sindicales peronistas que voluntariamente asistimos a este encuentro de debate político e ideológico, queremos manifestarle al Pueblo Peronista en particular, y a todos los argentinos de buena voluntad nuestra decisión de constituir una corriente político sindical que contribuya a la reorganización del Movimiento Nacional y Popular como eje articulador de los intereses nacionales, la garantía de políticas de Estado y la determinación de una agenda construida por los argentinos y para los argentinos.
Con la humildad de sabernos parte de la clase trabajadora, pero con la fortaleza de nuestras convicciones, nos sentimos herederos de los hechos gloriosos del sindicalismo argentino que supo en determinados momentos claves de la historia de nuestro país expresarse con claridad y prudencia.
Nos animan nuestros líderes y nuestros mártires, los programas de La Falda (1957) y de Huerta Grande de 1962, el espíritu del 1° de Mayo de 1968, el Acta de Compromiso Nacional del 8 de junio de 1973, los 26 puntos de la CGTRA y de las luchas del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) contra el neoliberalismo. También el anhelo de servir al conjunto del pueblo argentino.Porque, no nos engañemos, para desterrar el hambre de la argentina se necesita pleno Empleo, plena Educación, plena Salud y plena Alimentación. Y a eso, nosotros le llamamos Justicia Social.
No queremos justificar nuestras conciencias con asignaciones universales al modo de limosnas, nosotros creemos en la dignidad del trabajo, y en la cultura del esfuerzo, ejes fundamentales para el desarrollo del hombre el la Sociedad.Pero somos concientes, y la historia lo demuestra, que cuando el desempleo desciende, la multiplicación de nuevos puestos de trabajo no garantiza la redistribución de la riqueza, porque este paso que toca sensiblemente los intereses de los poderosos, no se da sin un pueblo organizado.
Se trata de una transformación cualitativa que exige los dolores de parto de la liberación. No se trata del “buen gerenciamiento” de un país colonial o de preservar el Status quo a través de gestiones “transparentes”- Estamos hablando de realizar una revolución en paz.
El Peronismo no se reduce a una “maquina de ganar elecciones”. El Peronismo es un movimiento para la liberación nacional. Por eso nosotros proponemos la Unidad detrás de un proyecto y no de candidatos.
El candidato es esclavo de la imagen, sirve al raiting y por eso necesita que la Política se convierta en espectáculo de marketing, donde solo vale el dinero y la publicidad.
El dirigente es esclavo de la causa, sirve al Pueblo, y por eso construye la política en el territorio, en el barrio, en la fábrica. El pueblo debe volver a ser el protagonista.
Perón afirmaba: “Nosotros queremos hombres que piensen y sientan como nosotros, que tengan un objetivo similar al nuestro, que estén dispuestos a sacrificarse como nosotros en bien de la Nación. El primer aspecto es dar orgánicamente un espíritu al Movimiento, con su mística, con sus principios, con la determinación de las grandes normas de ejecución. Eso conforma un estado espiritual del movimiento, que se entiende algunas veces y se siente otras”.
Es curioso pero esto el enemigo lo ha entendido mejor que nosotros, en consecuencia opera sobre nuestro sentimiento. Hace tiempo que el aparato publicitario construye matrices que apelan a una manipulación de los afectos. No confrontan en el plano de las ideas, no porque no las tengan, sino porque las mismas son inconfesables.
Construyen escenarios donde lo que se pone en juego son “modales” y no razones. Cuando los dirigentes antinacionales ceden es porque “tienen convicciones”, en cambio los dirigentes populares somos “intransigentes o caprichosos”. Cuando ellos ceden son “dialoguistas y tolerantes”, cuando lo hacemos nosotros, “claudicamos o somos entregadores”.

miércoles, 16 de septiembre de 2009

PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

POSICION OFICIAL DE LA FATIDA EXPUESTA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

El viernes 11 de septiembre, en el marco de las audiencias públicas convocadas por las Comisiones de la Cámara de Diputados, en donde se estuvo tratando el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional, denominado Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el compañero Enrique Marano, expuso ante el pleno de las comisiones respectivas la posición oficial de nuestra Federación, cuyo documento damos a conocer:“En representación de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines (FATIDA), miembro integrante de la COSITMECOS (Confederación Sindical de Medios de Comunicación Social), venimos a exponer nuestra posición ante esta Comisión de Comunicaciones e Informática de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sobre el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que está en consideración. Si bien los diarios y revistas, no se encuentran taxativamente involucrados en la redacción reglamentaria de los más de 140 artículos que componen este proyecto, sin embargo por el involucramiento de propiedades y servicios internos cruzados e interactivos, que existen en algunos grupos empresarios, que han ido creciendo especialmente en los últimos veinte años, a la luz de una legislación de la ley de facto Nº 22.285, que al decir de algún buen observador, lo único bueno que tenía era su art. 45 original, disponía que ninguna empresa podía ser propietaria de más de una emisora AM, un canal de TV de aire, y un medio gráfico (diarios y revistas de circulación local y zonal). Luego, al ser derogado dicho artículo, en la época del neoliberalismo de Menem, la ausencia deliberada de previsiones legales y la política de hechos consumados, comenzó a hacerse una carrera para ir comprando licencias en gran parte de las provincias del interior del país, algunas para ser usadas y otras para mantener en reserva, no permitiendo así que otro interesado o persona jurídica pudiera presentarse a licitarla. La actitud laxa o distraída del COMFER y la falta de disposiciones legales de regulación apropiadas, como la aparición de novedosas tecnologías y una agresiva o inescrupulosa gestión de algunos grupos empresarios, llevaron a la formación de poderosos consorcios, que cubren toda la gama de las comunicaciones, en radios AM y FM, TV abierta, TV por cable, diarios, revistas, agencias de noticias y participación en diversas sociedades de estos sectores, etc. Pero, no se agota la lista aquí, sino que incluso aquellos que gustaban denominarse “el cuarto poder”, disponen de participación decisiva y mayoritaria en empresas fabricantes de papel para diarios y revistas. Cabe recordar que fue en 1979, en pleno tiempo de la más cruel y sangrienta dictadura que asoló nuestra patria, en que se entregó en bajo precio, a tres grandes diarios de mayor circulación (Clarín, La Nación y La Razón), la mayoría accionaria de la moderna empresa productora de papel prensa, situada en la ciudad de San Pedro (provincia de Buenos Aires) que era propiedad del Estado nacional. Allí está otro peligro para la democracia y los derechos de los ciudadanos a informarse con propiedad y verdad. Es un secreto en voz baja, que muchos de los diarios del interior del país, dependen de la cuota de papel que les quiera vender el monopolio y buena parte de la información también dependen de los cables informativos, emitidos por la agencia de noticias del mismo monopolio. Luego la línea de esos diarios y emisoras de radio y TV locales, deben seguir por razones de hecho, la misma o parecida línea editorial y de noticias que tiene el “barco insignia” del frente opositor al actual gobierno nacional. Así los resultados de toda esa mezcla, no puede ser otro que lo que planifican aquí lo que Bernardo Neustad denominó bien los comunicadores y “formadores de la opinión pública”, equipo del cual él mismo formó parte a favor del establishment y aquella dictadura. Cuando les conviene escriben y publican diciendo a su manera tal o cual cosa, aunque no sea la realidad, como ahora la oposición a este proyecto de ley, responde a la opinión pública. En realidad en su momento años atrás, el ex premier español Felipe González, definió acertadamente que “había que distinguir, entre opinión pública y opinión publicada”. Ello sigue teniendo absoluta actualidad y aplicación en este mismo caso en nuestra Argentina. El gremio gráfico en su conjunto, a través de su larga historia, fue tradicional defensor de las libertades de los ciudadanos y de los derechos de los asalariados, aunque esto le costó a muchos de sus militantes, cárceles, deportaciones, cesantías, arbitrariedades patronales, persecuciones políticas, tormentos, desapariciones y muertes violentas de muchos de sus militantes. Esto nos da estatura moral para poder expresarnos con propiedad y fundamento sobre algunos temas y cuando vemos declaraciones y llamados de alarma, desde puntuales sectores empresarios y todos sus medios de comunicación, como que estamos en peligro de perder la libertad de opinión y de prensa, decimos con convicción, recordando a un querido periodista de “La Razón”, Roberto Juárez, que solía decir “no debe confundirse libertad de prensa, con libertad de empresa”. Y ante la avalancha diaria y coordinada de los medios bien conocidos, en procura de producir un efecto de saturación sobre el Parlamento nacional, nos lleva a recordar al Quijote: “Ladran Sancho, señal que cabalgamos”. Y con el pensador inglés, Harold Lasky decimos: “Las sociedades que son vigilantes de sus derechos, tienen fundadas esperanzas de conservar sus libertades”. No nos vengan con monsergas sobre el pueblo, que con esta llamada aviesamente por los medios, “Ley K”, peligran sus derechos a informarse, ya que solo vemos que por el contrario, puede abrirse un nuevo camino de mayor libertad de expresión para todos, como quería en su tiempo el revolucionario Mariano Moreno (y no para privilegio de unos pocos). Respetando el tiempo asignado, queremos destacar y resaltar lo que la prensa grande y “seria”, ocultó y no incluyó en sus ediciones orales y escritas, establecida en el punto 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la presencia de Monopolios u Oligopolios en la Comunicación Social, en el Cap. IV , que dice: “ …la existencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación social, afecta seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos de los Estados miembros y no son compatibles con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática”.……luego agregaba: “La Relatoría para la Libertad de Expresión recomienda a los Estados miembros de la OEA que desarrollen medidas que impidan las prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación social, así como mecanismos efectivos para ponerlas en efecto”… y seguía: “La Relatoría para la Libertad de Expresión considera que es importante desarrollar un marco jurídico que establezca claras directrices que planteen criterios de balance entre la eficiencia de los mercados de radiodifusión y la pluralidad de la información. EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE SUPERVISIÓN DE ESTAS DIRECTRICES, SERA FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA A LA SOCIEDAD” (la mayúscula es nuestra). Esto es precisamente, y no otra cosa, lo que contiene y propone el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional. Para finalizar, decimos que este proyecto de ley recoge las múltiples iniciativas que durante años fueron analizando distintos foros de la sociedad civil, en reuniones libres y democráticas, a las cuales no asistieron los detentadores de los “suprapoderes” –que señalara la Señora presidenta de la Nación– y que a su manera pretenden gobernar por interpósitas personas, arrogándose poderes superiores de hecho, a los establecidos en la Constitución Nacional, que nos rige en un Estado de derecho.Por todo lo expuesto y fundado, sin perjuicio de las adecuaciones, aclaraciones y mejoras que se puedan incorporar por los miembros de ambas Cámaras del Congreso Nacional, en nombre de los trabajadores gráficos y afines que representamos, nucleados en sus Sindicatos provinciales de base, apoyamos plenamente el proyecto de ley de “Servicios de Comunicación Audiovisual”, aquí presentado. Demasiado tiempo ya pasó y muchos cambios políticos, económicos y sobre todo tecnológicos, han sucedido en el mundo, en los últimos veinticinco años, como para seguir regidos por una ley de facto.Hay que democratizar más la estructura de la sociedad argentina y este proyecto de ley viene a llenar un vacío y alberga, un derecho de la población de nuestro país y una fuerte esperanza de caminar así hacia un futuro mejor para todos".
Muchas gracias.

Es bueno saber que NO TODOS PIENSAN IGUAL

La Arena y la ley de medios audiovisuales

El debate generado alrededor del proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales ha tenido la virtud de dejar al descubierto los poderosísimos intereses que se sienten afectados por una norma que se propone legislar y organizar el espacio radioeléctrico que es administrado por el Estado.Perdiendo la línea y la sobriedad los grandes medios porteños han lanzado con ferocidad y saña a demoler el proyecto sin cuidarse demasiado en guardar las formas. De repente muchos de esos medios que se decían mesurados y criticaban al gobierno por su crispación, su excesiva vehemencia por su dureza confrontativa, han caído en lo mismo que criticaban.Lo peor es que sus ataques al proyecto no son explicitados con claridad y sólo apelan a lo que bien podría llamarse un golpe bajo. Aducen que la nueva ley afectará la "libertad de expresión" o que afectará la "seguridad jurídica". Pero se guardan muy bien de mencionar que la ley vigente es de la dictadura militar y que permitió la concentración de medios como nunca se vio en el país. Tampoco dicen que ese acaparamiento de medios de comunicación en forma oligopólica o monopólica, no se permite, ni lejos, en los países que ellos mismos llaman "serios" para castigar al gobierno.En sintonía con ese desagrado por el proyecto, las cámaras y entidades empresariales de la prensa, se manifestaron con muy duras críticas con él.La Arena manifestó de entrada su simpatía hacia la iniciativa. También lo hizo en todas las ocasiones anteriores en que se anunciaban proyectos similares en el Congreso de la Nación. Este diario ha afirmado siempre que es necesaria una nueva ley que deje atrás la normativa de la dictadura militar y que el Parlamento le debe a la sociedad un nuevo ordenamiento que supere las injusticias y los abusos que esta legislación permitió.Ahora sostiene lo mismo. Por esa razón, La Arena siente la obligación de señalarle a sus lectores que no comparte los pronunciamientos de las entidades y cámaras que nuclean a los diarios de todo el país. Esas entidades -sumadas a sus pares de la radio y la TV- expresaron su oposición, con argumentación diversa, al tratamiento de este proyecto.Consecuente con ese pensamiento, LA ARENA ha presentado su renuncia como socio de ADEPA y como integrante del consejo directivo de ADIRA. Esta aclaración pública se ha tornado necesaria y responde a la búsqueda de un criterio de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Además, la inteligencia de los lectores merece esta explicación ante el serio riesgo de debilitar o tornar vulnerable -o incoherente- la línea editorial que sostiene esta hoja.El proyecto podrá tener aspectos más o menos cuestionables, más o menos aceptables para los diversos actores que participan en el universo de las comunicaciones audiovisuales. Pero lo que no corresponde es cuestionar la legitimidad del Congreso de la Nación para darle al país una nueva ley que reemplace el engendro que hoy nos rige. Y menos todavía hacerlo en nombre de la "libertad de expresión" o de la "seguridad jurídica". ¿Una norma de una dictadura defiende la "seguridad jurídica" más que una ley debatida y sancionada por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación?El fondo de la cuestión, el corazón de la reforma que plantea el nuevo proyecto de ley, es el de atacar la gran concentración de medios en muy pocas manos. Algunas pocas empresas, a la sombra de la actual legislación de la dictadura militar -más algunos retoques "oportunos" del Congreso durante el menemismo- permitieron la acumulación de medios nunca vista en la historia. Un proceso que en ningún país medianamente ordenado y organizado sería posible sin transgredir la ley.