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sábado, 22 de junio de 2013

LA JUSTICIA NO DEBE SER UN REDUCTO CERRADO DE PRIVILEGIOS INJUSTIFICADOS


Mucho se está hablando en estos días –y se seguirá haciendo por los grandes intereses en juego– sobre la acordada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ), al declarar inconstitucional la ley de reforma del Consejo de la Magistratura. Si bien parece un tema técnico-legal lejano de la ciudadanía, sin embargo no lo es, porque lo que resuelva ese cuerpo al nombrar los jueces, afecta luego de una u otra forma a toda la sociedad que componen los ciudadanos argentinos, cualquiera sea su condición social. 
El gobierno propuso "democratizar la justicia", o sea darle más trasparencia a sus procedimientos, de modo que se pueda saber dónde andan los expedientes, qué Juzgado los tiene, en qué estado se encuentran, quiénes son los que actúan, etc., y no que todo sea una especie de ocultamiento regimentado, de forma que los jueces se arrogan facultades extraordinarias, casi ilimitadas y de dificil modificación, donde sacan siempre  enormes ventajas los organizados y prestigiosos estudios de abogados y los grandes grupos empresarios. Los derechos de los demás tardan largos años en salir limitadamente.
La reforma propuesta y votada por mayoría, tanto en senadores, como diputados, propuso elevar a 19 el número de componentes, donde una parte -y no todos- debían ser elegidos por el voto de los ciudadanos, en especial de aquellos no letrados, junto a la elección de legisladores. 
Allí se alzaron en contra los medios corporativos y arreciaron las presentaciones judiciales en numerosas provincias y Capital Federal, que llevaron a sendos y organizados pronunciamientos contrarios, que obligaron al Ejecutivo a usar el "per saltum" ante la Corte Suprema. Ésta se pronunció en diez días,  por seis votos a favor y uno en contra, declarando la inconstitucionalidad de dicha ley
Estos señores y señoras jueces y todo el escalafón, son iguales a los que décadas atrás dispusieron ante sí, que no debían pagar "el impuesto a las ganancias", ni hacer las declaraciones de bienes, porque dijeron, eso afecta "la intangibilidad de sus ingresos".
Todo un privilegio injustificado. En cambio, los trabajadores de cualquier actividad, comienzan a pagar ese impuesto, si cobran desde siete mil pesos por mes. No existe así "la igualdad ante la ley", que es uno de los principios de toda República. 
EL REMEDIO CONSTITUCIONAL
Vistas así las cosas –y no por ello solo– habría que organizar un referéndum para aprobar una reforma de la Constitución, para modernizar y democratizar la Justicia Nacional, por ser el tercer poder del Estado. Pero que no sea solo por ello, sino introducir otros temas de fondo, como volver a insertar, actualizados, "los derechos del trabajador", como tenía la Constitución Nacional de 1949, derogada por un decreto de facto de aquella otra dictadura en 1956.
También restablecer para la Nación, la propiedad del subsuelo a todos sus efectos, de manera de poner límites al latrocinio organizado y la devastación de la naturaleza que se vino produciendo, en especial después de la reforma de 1994/95 (fue un acuerdo de Menem y los radicales; el primero por su reelección, cedió a los otros –en minoría– el tercer senador por cada provincia, el ministro coordinador y el Consejo de la Magistratura, además de la cláusula de asegurar la representación de los ciudadanos, solo por los partidos políticos).
Otro tema no menor, es introducir y garantizar los derechos inalienables que debe tener la figura de "la propiedad social" con los bienes sociales y colectivos, organizados por las entidades libres del pueblo.  
En concreto,- sin agotar los temas expuestos-, una Constitución que recoja los avances políticos y sociales y la mayor participación colectiva del pueblo, en todos los asuntos que le atañen y afectan, al igual que la defensa definida de los derechos de la Nación, sobre todo su territorio continental y marítimo que están en peligro por las maniobras militares y económicas del colonialismo inglés.  
En suma, volver a las fuentes  -actualizadas- con nueva concepción de "la independencia económica, la soberanía política y la Justicia social".

                                                                                                                            ENRIQUE MARANO
                                                                                      (Para el "Pregón de los Gráficos Argentinos)

ATENTOS AL LOBO......


 La Suprema Corte de la Nación, por un caso originado en Salta, ha acordado que no es constitucional el artículo de la ley 23551 de Asociaciones Sindicales, por el cual, para ser elegido Delegado en un lugar de trabajo, debe estar afiliado al gremio que corresponda
Este es otro precedente que se va creando, para perjudicar y debilitar a los sindicatos argentinos, que son la libre expresión y creación de los trabajadores de las diversas actividades. Con ese fin, apelan a cualquier recurso dialéctico o  a una consabida "cautelar" que están de moda, o también a declarar la inconstitucionalidad de una ley o partes de ella.
Con tal doctrina, los empresarios pueden  ir presionando de diversas formas, de modo que los delegados les sean afectos, pero que no estén afiliados a los sindicatos. Será una forma de vaciamiento organizativo. Luego –para guardar las formas– vendrían los sindicatos por empresa, como están en Chile y los países del Pacífico. 
Este es otro caso de los repetidos intentos del neoliberalismo. 
Por eso decimos como el viejo dicho italiano "atenti al luppo"  El lobo anda suelto, queriendo formar otra manada, en cuanto la tenga, vendrán por todos los derechos de los trabajadores y sus sindicatos.