Por Carlos Alberto Barbeito
El lockout motorizado por las cuatro entidades patronales agrarias, culminó con la evidencia de su rotundo fracaso, del cual, a sus mentores no les será fácil recuperarse. Resulta procedente tratar de analizar las causas por las cuales los productores agrarios le dieron la espalda a su dirigencia, a quienes ni siquiera acompañaron en los raleados actos “de esclarecimiento” con los que trataron de instalar la idea de un malestar en sus bases que solo existe en alguna que otra frondosa imaginación.
Las condiciones actuales explican por sí solas el divorcio inocultable, que hoy se confirma, entre los dirigentes de las patronales agrarias y sus supuestos representados. Los récords de la economía, en todos sus rubros, incluyen también al sector rural. Récords de rindes, de áreas de siembra y de rentabilidad, acompañados por la presencia activa del Estado y una política cambiaria altamente favorable para la exportación, conforman una realidad que no pueden soslayar ni los más curtidos columnistas del establishment mediático. Prueba de ello es que, ante la evidencia irrefutable, medios como La Nación y Clarín, muy a su pesar, terminaron reconociendo la realidad.
Por otra parte, los intereses que dicen representar las distintas cámaras patronales agrarias se diferencian de tal extremo entre sí que, sin temor a equivocarnos, afirmamos que se encuentran en las antípodas.
En un extremo, con infame diatriba, los inefables señores Hugo Biolcati (SRA) y Mario Llambías (CRA), reclaman el inmediato retiro del Estado del mercado y la total desregulación del mismo. Cero retenciones a las exportaciones agropecuarias y ni hablar de reservas de stock para asegurar las necesidades del mercado interno y los compromisos de exportación de productos con trabajo agregado, por ejemplo, la harina de trigo.
En el otro extremo, un cada vez más descolocado Eduardo Buzzi (FAA) y, en alguna medida, Carlos Garetto (Coninagro), reclaman todo lo contrario. Esto es, una mayor intervención Estatal y la recreación de organismos de intervención como lo fue, por ejemplo, la Junta Nacional de Granos. Es que no es fácil borrar la historia reciente. En ella quedaron grabados los estragos producidos entre los pequeños y medianos productores rurales afectados por las políticas neoliberales impulsadas por Menen - Cavallo, primero, y continuadas después por los tándem De la Rúa - Machinea y De la Rúa - Cavallo, respectivamente, hasta que el estallido de la economía nos sumergió en el infierno a casi todos los argentinos.
Las contradicciones que se expresan entre los intereses que se defienden en una y otra punta de la llamada “Mesa de Enlace”, son tan evidentes que presagian su inevitable rotura. Si ello no se ha hecho público hasta el momento es solamente por los costos políticos que deberán pagar todos los que apostaron a este engendro para instalarlo como “cabecera de playa” de un proyecto mucho mas ambicioso y perverso que apuntaba, y apunta, a la desestabilización del Gobierno democrático de Cristina Fernández de Kirchner.
El argumento utilizado en esta oportunidad para intentar reinstalar -lockout patronal mediante- el escenario del 2008 durante la discusión por la Resolución 125 fue, según las denuncias de las cámaras patronales agrarias, el “robo” que sufren los productores trigueros, de los molineros y los exportadores, ya que éstos les pagarían el trigo por debajo del precio pleno, que es lo que corresponde.
Es verdad que a algunos productores, medianos y pequeños, no les llega el precio pleno establecido. Por ello es necesario investigar en toda la cadena de comercialización del trigo para detectar quiénes cometen un ilícito quedándose con la diferencia. No es nuestra intención salir en defensa de los empresarios molineros y, menos aun, de los exportadores. No obstante, repudiamos el intento de demonizar nuestra industria, la industria molinera. Porque detrás de esas descalificaciones se esconde la clara intención de paralizar una parte importante de la capacidad productiva de nuestra actividad. Defendemos y defenderemos con todas nuestras fuerzas el trabajo genuino que generan alrededor de 170 industrias molineras radicadas, casi en su totalidad, en pueblos pequeños y medianos de nuestro país.
En estos días, el Ministerio de Agricultura y la ONCCA están realizando un operativo de inspecciones a todas las empresas molineras del país para determinar si efectivamente abonan el precio pleno por el trigo que compran. Consideramos muy acertada esta medida porque todos necesitamos saber de qué se trata. Y por esa razón, ese operativo de control no debe agotarse en la molinería, es necesario extenderlo a las empresas exportadoras, a las cooperativas y a los acopiadores.
No son pocos quienes sospechan que una minuciosa fiscalización a ciertas cooperativas y plantas de acopio podrían arrojar el halo de luz que estamos necesitando para poner en evidencia a los autores de manejos dolosos para beneficio propio. La extensión de los operativos que actualmente realiza agricultura y la ONCCA podría develar, de confirmarse esas sospechas, que los autores de las maniobras que denuncian las cámaras patronales agrarias, se encuentran en sus propias filas.
La industria molinera es reconocida como una de las pioneras de nuestra Argentina y se encuentra arraigada, como dijimos, en muchos pueblos pequeños y medianos del país. El trabajo directo que genera alcanza un nivel de salarios que, en promedio, supera ampliamente los seis mil pesos mensuales. Prácticamente no existe trabajo en negro –nuestra organización sindical cuenta con equipos de fiscalización que controlan de modo permanente las condiciones laborales de los trabajadores de la actividad- de modo que todos sus trabajadores están cubiertos por nuestro convenio colectivo de trabajo. A la vez, la actividad de un molino harinero genera un sinnúmero de trabajo periférico que explica porqué, nuestra actividad, suele convertirse en muchos casos, en el principal motor económico de una economía local.
Cuando Biolcati exige “mercado libre” no solo está expresando una clara posición ideológica, atenta además contra miles de puestos de trabajo digno y bien remunerados. De cumplirse el deseo de Biolcati y sus aliados estratégicos, la caída de la molienda de un millón doscientas mil toneladas para la exportación de harina por falta de materia prima, provocaría el cierre en cadena de decenas de pequeñas y medianas empresas molineras y, como consecuencia, la pérdida irreparable de miles de puestos de trabajo decente.
Trabajo decente, por otra parte, que sería muy saludable que promuevan las cámaras patronales agrarias para que sus trabajadores accedan a la vida digna que se merecen y para que la bochornosa realidad que vemos en estos días, con trabajadores rurales sometidos a condiciones laborales infrahumanas, realidad que nos avergüenza a todos, sea desterrada definitivamente de nuestro campo, el campo argentino.
