Escribe Pablo Topet.Consultor en Negociación Colectiva y Relaciones Internacionales del Trabajo. Ex. Director Nacional de Relaciones del Trabajo de la Nación. Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Nuestro sistema de relaciones laborales y el valor del trabajo.
El sistema de relaciones laborales de nuestro país se vincula – de modo similar a lo que ocurre en las naciones mas desarrolladas- con dos cuestiones que son centrales para sus habitantes: las remuneraciones de los trabajadores y sus condiciones de trabajo o, dicho de otro modo, con un trabajo de calidad –para el que lo realiza- que, cuando es digno, se lo considera “trabajo decente”.
Cuando el sistema funciona bien los salarios son adecuados y suficientes para satisfacer las necesidades básicas –la salud, la alimentación y la vivienda- y las sociales – la educación, la cultura, la realización personal- de quienes los perciben. En ese caso hay una justa distribución del producto que -el resultado económico de un país, la suma de las ganancias por la producción de bienes y la prestación de servicios- puesto que reparte sus beneficios con equidad. El progreso les llega a todos. Cuando constatamos que se cubren ambas necesidades y los deseos y las expectativas de la gente son satisfechas en buena medida, sostenemos que hay Justicia Social.
Claro esta que para garantizar o procurar aquellos resultados deben implementarse políticas laborales y sociales, puesto que nada sucede sin decisiones políticas. La economía es como la sociedad y quienes gobiernan quieren que sea –obviamente no pueden desatender las restricciones externas ni los limites tecnológicos y de infraestructura internos que incluye los recursos- que luego se expresara en el de los trabajadores, no es verdad y tampoco es sensato creer que “una mano invisible” –la celebre metáfora liberal para rechazar las intervenciones estatales- pueda ser la que ordena y logra los resultados mas justos de “los mercados” –el lugar de los intercambios de cosas-. Los mercados al decir de algunos medios tienen conductas humanas, y se despiertan cada mañana serenos o preocupados, a veces se enojan y luego se calman o viceversa, son como los personajes de conductas cambiantes. En ellos –enfatizan sus portavoces mas entusiastas- hay preocupación cuando hay reclamos salariales siendo estos uno de los motivos más notorios de su recurrente malestar. La incomodidad de los mercados –dicen sus mas acérrimos defensores- se salda cuando se aplacan las expectativas de los sindicatos y sus representados y todos “comprenden” la imprudencia de pedir mas allá de lo la economía puede asignar a los trabajadores. Si no lo entienden se convierten en “desestabilizadores” y culpables de los padecimientos de la sociedad.
Es verdad que el nivel de salarios depende, como hemos afirmado, en buena medida de la estructura de cada país, su capacidad productiva, su desarrollo tecnológico, el perfil que ha adoptado para producir riqueza, la manera en que se regula el trabajo y la productividad entre las variables mas relevantes. No es lo mismo el trato económico que puede aspirar a gozar un obrero alemán que el de alguna nación pobre del continente africano. Por ello es importante la acción sindical internacional para que esta desigualdad no sirva para agravar aun mas la situación de los trabajadores por el dumping social que realizan algunos estados al apostar para ser competitivos a un trabajo que puede desde ser esclavo o realizado por niños o lisa y llanamente indigno.
Así las cosas, cuando no se alcanzan ciertos equilibrios, es posible que se afecte el empleo; empleo y salarios están asociados porque hay una ligazón entre las cantidad de trabajo disponible y lo que se paga por su realización. Pero esta relación no implica precariedad laboral –por lo menos no necesariamente-, puede, por el contrario, ser una alianza virtuosa. Y, ello sucede cuando la opción productiva y social valoriza el trabajo –y de este modo al trabajador- y procura beneficios, equidad y distribución, preservando la eficacia productiva –empresas viables, productivas y aptas para competir en los mercados internacionales-.
El convenio colectivo: la opción inteligente.
El camino inteligente –el que ha inspirado las políticas laborales de los últimos años- estimula para cumplir aquellas tareas el desarrollo de la negociación colectiva en todas las actividades y para todas las funciones. El convenio colectivo es el modo que la democracia avala, promueve y apoya para aquella gran tarea, y por dicha circunstancia los procesos de negociación que lo anteceden deben cumplir ciertos requisitos: realizarse de buena fe –la intención de acordar- y realizarse con fundamentos racionales –los que negocian deben estar informados- Todo ello supone sujetos representativos y con capacidad de cumplir con los pactos en el caso de los empleadores, y de capacidad de presión por parte de los sindicatos para “obligar a negociar” a las empresas. Cuando no hay organización sindical fuerte o cuando el empleador no es representativo el sistema no sirve, funciona mal. Y allí el Estado aparece para con el fomento de la negociación colectiva promoviendo acciones estatales para remover las causas de la ineficacia del sistema.
En tiempos difíciles.
Cuando alguna circunstancia histórica especial –como la que sacude al mundo actualmente- lo requiere, se acude a los que se denominan Pactos Sociales. Aquí en forma mas evidente –en su necesariedad- aparecen los requisitos de la negociación colectiva, pero además a los actores sociales se les suma un tercero, el de asumir un compromiso mas elevado con la sociedad en su conjunto, puesto que en momentos de excepción, como ha dicho el Ministro de Trabajo, deberían integrarse a estas instancias indicando que es lo que aportan y no que se puede obtener. La creación de un Consejo Económico y Social institucionalizara esta necesidad – la de alcanzar consenso sobre cuestiones generales -que la crisis internacional ha provocado Y es muy valioso que goce del consenso de las representaciones convocadas...
Y, todo este andamiaje de nuestro sistema de relaciones laborales –complejo y producto de una historia rica en gestas colectivas y sacrificios personales- que el mundo del trabajo en nuestro país ha consolidado –con instituciones, con relaciones permanentes, con consensos, con formas de resolución de conflictos, con convenios colectivos que cubren prácticamente todas las formas de trabajo asalariado privado y publico- no implica desatender la necesaria existencia del conflicto social que esta incorporado en las estructuras productivas de los países con economías de mercado-. Hay intereses propios de los empleadores y los hay de los trabajadores y esto genera un conflicto. Pero este conflicto lejos de constituir un problema para las democracias se considera una oportunidad, un medio para el desarrollo y el progreso, un hecho que aceptado en su funcionalidad permite resolver en forma autónoma –a los trabajadores organizados en sindicatos y a los empleadores -los problemas y las inequidades que el propio sistema genera.
Por ello –por las injusticias que el conflicto pone al desnudo- se dictan normas para proteger a los más débiles y garantizarles unas garantías mínimas, un piso de derechos que se conoce como Orden Publico Laboral, que luego va a ser mejorado por la acción sindical al pactar convenios colectivos. No hay sociedad justa que pueda sostenerse ni legitimarse si no existen estas normas que, o las dicta el estado, o se pactan en convenios colectivos. Así nos preservamos de ser un país en el que la producción y la inserción en el comercio internacional no se sustentan en la degradación de las condiciones de trabajo y empleo. Dicho de manera más prosaica, hay que defender a rajatabla la idea de que gana el partido el que hace mejor las cosas y no el que tira más patadas.
Es justo indicar que los sindicatos han hecho un gran esfuerzo para protegernos de la ignominia del trabajo esclavo, del trabajo sin protección, de la discriminación, se han agrupado en instancias regionales e internacionales para hacer oír su voz en todos los niveles. Argentina esta en el mundo y si bien no debe resignarse a un papel pasivo tampoco puede considerarse que esta al margen de algunas de sus reglas –nada generosas para los países menos desarrollados-
Y, hay que apuntar que los empleadores deberían procurar en estos tiempos difíciles –para la sociedad en su conjunto y para los trabajadores en particular- soluciones inteligentes: deberían evitar reacciones defensivas para proteger sus negocios, sean estos comercios, fábricas, talleres o campos. No es bueno despedir o suspender en las crisis, porque se alimenta la tormenta social, las familias sufren y el efecto de la suma de esas conductas individuales de los empleadores se transforma en el veneno del cuerpo que quieren proteger –las empresas- puesto que al expulsar trabajadores del mercado laboral suprimen recursos que se utilizaban para el consumo en el mercado interno y en una espiral que se alimenta día a día el que para protegerse despidió luego no tendrá quien le compre su bien o servicio.
La solidaridad se preserva cuando hay trabajo.
Por ello el trabajo es un valor que hay que defender. Hay que asumir un compromiso con esta idea; cada quien en su papel garantizando el triple equilibrio de un buen sistema: que las empresas puedan producir en forma eficaz, que los trabajadores estén protegidos y sus intereses preservados en un piso de dignidad y que la comunidad no se vea perjudicada por el fenómeno productivo. Cada cual tiene su papel y todos un objetivo común: de preservar la cohesión social, la integración plena de todos en el disfrute de los bienes sociales y del resultado del esfuerzo colectivo de los argentinos, de la dignidad que transmite a los seres humanos el poder trabajar para satisfacer sus necesidades. En estos tiempos tormentosos no debe haber ningún espacio para sostener que hay que ofrendar en el altar del posibilismo el trabajo de los argentinos, porque es un valor social y protege nuestra prenda más preciada: la solidaridad.