El viernes 11 de septiembre, en el marco de las audiencias públicas convocadas por las Comisiones de la Cámara de Diputados, en donde se estuvo tratando el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional, denominado Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el compañero Enrique Marano, expuso ante el pleno de las comisiones respectivas la posición oficial de nuestra Federación, cuyo documento damos a conocer:“En representación de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines (FATIDA), miembro integrante de la COSITMECOS (Confederación Sindical de Medios de Comunicación Social), venimos a exponer nuestra posición ante esta Comisión de Comunicaciones e Informática de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sobre el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que está en consideración. Si bien los diarios y revistas, no se encuentran taxativamente involucrados en la redacción reglamentaria de los más de 140 artículos que componen este proyecto, sin embargo por el involucramiento de propiedades y servicios internos cruzados e interactivos, que existen en algunos grupos empresarios, que han ido creciendo especialmente en los últimos veinte años, a la luz de una legislación de la ley de facto Nº 22.285, que al decir de algún buen observador, lo único bueno que tenía era su art. 45 original, disponía que ninguna empresa podía ser propietaria de más de una emisora AM, un canal de TV de aire, y un medio gráfico (diarios y revistas de circulación local y zonal). Luego, al ser derogado dicho artículo, en la época del neoliberalismo de Menem, la ausencia deliberada de previsiones legales y la política de hechos consumados, comenzó a hacerse una carrera para ir comprando licencias en gran parte de las provincias del interior del país, algunas para ser usadas y otras para mantener en reserva, no permitiendo así que otro interesado o persona jurídica pudiera presentarse a licitarla. La actitud laxa o distraída del COMFER y la falta de disposiciones legales de regulación apropiadas, como la aparición de novedosas tecnologías y una agresiva o inescrupulosa gestión de algunos grupos empresarios, llevaron a la formación de poderosos consorcios, que cubren toda la gama de las comunicaciones, en radios AM y FM, TV abierta, TV por cable, diarios, revistas, agencias de noticias y participación en diversas sociedades de estos sectores, etc. Pero, no se agota la lista aquí, sino que incluso aquellos que gustaban denominarse “el cuarto poder”, disponen de participación decisiva y mayoritaria en empresas fabricantes de papel para diarios y revistas. Cabe recordar que fue en 1979, en pleno tiempo de la más cruel y sangrienta dictadura que asoló nuestra patria, en que se entregó en bajo precio, a tres grandes diarios de mayor circulación (Clarín, La Nación y La Razón), la mayoría accionaria de la moderna empresa productora de papel prensa, situada en la ciudad de San Pedro (provincia de Buenos Aires) que era propiedad del Estado nacional. Allí está otro peligro para la democracia y los derechos de los ciudadanos a informarse con propiedad y verdad. Es un secreto en voz baja, que muchos de los diarios del interior del país, dependen de la cuota de papel que les quiera vender el monopolio y buena parte de la información también dependen de los cables informativos, emitidos por la agencia de noticias del mismo monopolio. Luego la línea de esos diarios y emisoras de radio y TV locales, deben seguir por razones de hecho, la misma o parecida línea editorial y de noticias que tiene el “barco insignia” del frente opositor al actual gobierno nacional. Así los resultados de toda esa mezcla, no puede ser otro que lo que planifican aquí lo que Bernardo Neustad denominó bien los comunicadores y “formadores de la opinión pública”, equipo del cual él mismo formó parte a favor del establishment y aquella dictadura. Cuando les conviene escriben y publican diciendo a su manera tal o cual cosa, aunque no sea la realidad, como ahora la oposición a este proyecto de ley, responde a la opinión pública. En realidad en su momento años atrás, el ex premier español Felipe González, definió acertadamente que “había que distinguir, entre opinión pública y opinión publicada”. Ello sigue teniendo absoluta actualidad y aplicación en este mismo caso en nuestra Argentina. El gremio gráfico en su conjunto, a través de su larga historia, fue tradicional defensor de las libertades de los ciudadanos y de los derechos de los asalariados, aunque esto le costó a muchos de sus militantes, cárceles, deportaciones, cesantías, arbitrariedades patronales, persecuciones políticas, tormentos, desapariciones y muertes violentas de muchos de sus militantes. Esto nos da estatura moral para poder expresarnos con propiedad y fundamento sobre algunos temas y cuando vemos declaraciones y llamados de alarma, desde puntuales sectores empresarios y todos sus medios de comunicación, como que estamos en peligro de perder la libertad de opinión y de prensa, decimos con convicción, recordando a un querido periodista de “La Razón”, Roberto Juárez, que solía decir “no debe confundirse libertad de prensa, con libertad de empresa”. Y ante la avalancha diaria y coordinada de los medios bien conocidos, en procura de producir un efecto de saturación sobre el Parlamento nacional, nos lleva a recordar al Quijote: “Ladran Sancho, señal que cabalgamos”. Y con el pensador inglés, Harold Lasky decimos: “Las sociedades que son vigilantes de sus derechos, tienen fundadas esperanzas de conservar sus libertades”. No nos vengan con monsergas sobre el pueblo, que con esta llamada aviesamente por los medios, “Ley K”, peligran sus derechos a informarse, ya que solo vemos que por el contrario, puede abrirse un nuevo camino de mayor libertad de expresión para todos, como quería en su tiempo el revolucionario Mariano Moreno (y no para privilegio de unos pocos). Respetando el tiempo asignado, queremos destacar y resaltar lo que la prensa grande y “seria”, ocultó y no incluyó en sus ediciones orales y escritas, establecida en el punto 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la presencia de Monopolios u Oligopolios en la Comunicación Social, en el Cap. IV , que dice: “ …la existencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación social, afecta seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos de los Estados miembros y no son compatibles con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática”.……luego agregaba: “La Relatoría para la Libertad de Expresión recomienda a los Estados miembros de la OEA que desarrollen medidas que impidan las prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación social, así como mecanismos efectivos para ponerlas en efecto”… y seguía: “La Relatoría para la Libertad de Expresión considera que es importante desarrollar un marco jurídico que establezca claras directrices que planteen criterios de balance entre la eficiencia de los mercados de radiodifusión y la pluralidad de la información. EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE SUPERVISIÓN DE ESTAS DIRECTRICES, SERA FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA A LA SOCIEDAD” (la mayúscula es nuestra). Esto es precisamente, y no otra cosa, lo que contiene y propone el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional. Para finalizar, decimos que este proyecto de ley recoge las múltiples iniciativas que durante años fueron analizando distintos foros de la sociedad civil, en reuniones libres y democráticas, a las cuales no asistieron los detentadores de los “suprapoderes” –que señalara la Señora presidenta de la Nación– y que a su manera pretenden gobernar por interpósitas personas, arrogándose poderes superiores de hecho, a los establecidos en la Constitución Nacional, que nos rige en un Estado de derecho.Por todo lo expuesto y fundado, sin perjuicio de las adecuaciones, aclaraciones y mejoras que se puedan incorporar por los miembros de ambas Cámaras del Congreso Nacional, en nombre de los trabajadores gráficos y afines que representamos, nucleados en sus Sindicatos provinciales de base, apoyamos plenamente el proyecto de ley de “Servicios de Comunicación Audiovisual”, aquí presentado. Demasiado tiempo ya pasó y muchos cambios políticos, económicos y sobre todo tecnológicos, han sucedido en el mundo, en los últimos veinticinco años, como para seguir regidos por una ley de facto.Hay que democratizar más la estructura de la sociedad argentina y este proyecto de ley viene a llenar un vacío y alberga, un derecho de la población de nuestro país y una fuerte esperanza de caminar así hacia un futuro mejor para todos".
Muchas gracias.